La decisión fue anunciada por el presidente de la región Junín, Vladimir Cerrón, quien participó junto a otras autoridades de su localidad en una reunión con el presidente de Perú, Ollanta Humala.

Cerrón declaró a los periodistas que la empresa ha entrado en un proceso técnico de liquidación, pero que el Estado está haciendo una reestructuración "para garantizar que se reabrirá el centro metalúrgico y los trabajadores seguirán cobrando" sus sueldos.

La autoridad regional dijo que Doe Run, del magnate norteamericano Ira Rennert, deberá presentar un nuevo plan de reestructuración de la empresa en el plazo de un mes o, caso contrario, el Estado nombrará a un nuevo operador.

Este nuevo operador "debe respetar todos los derechos laborales y en caso que no sea un privado, el Estado debe hacerse cargo de la empresa metalúrgica", acotó.

El presidente regional aclaró que "abrir la empresa metalúrgica de La Oroya tardará", pero dijo que se "está garantizado que los trabajadores cobrarán el salario todos los meses".

Durante la reunión, indicó, que también se acordó que el Estado se comprometerá a hacer respetar los pactos colectivos y convenios laborales, así como a enmendar el daño medioambiental causado en La Oroya, una de las localidades más contaminadas del mundo.

Mientras se celebraba la reunión, decenas de trabajadores de Doe Run y representantes de la sociedad civil de La Oroya protestaron en los exteriores del Palacio de Gobierno, después de que sus representantes no pudieran participar en la cita con Humala.

Los trabajadores pidieron conversar con Humala para buscar, según dijeron, "una alternativa" al posible cierre de la metalúrgica y que se garantice sus puestos de trabajo.

El Gobierno peruano anunció la semana pasada que la Junta de Acreedores de Doe Run Perú ordenó su liquidación en marcha (intervención sin cierre), ante la "imposibilidad de aprobar el plan de reestructuración" que presentó su matriz estadounidense Renco para volver a operar en La Oroya.

El presidente de la Junta de Acreedores, Diego Calmet, precisó que la medida mantiene suspendidas las operaciones en la planta en La Oroya, pero permite la continuidad de las actividades en la mina Cobriza, en la región Huancavelica.

Añadió que el plan que había presentado la empresa de Ira Rennert "implicaba que se reinicien las operaciones" en La Oroya sin que se haya terminado de implementar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (Pama).

Doe Run se había comprometido a reanudar sus operaciones en mayo próximo, después de haber sido obligada a suspenderlas hace tres años por haber incumplido repetidas veces con implementar el Pama.

Renco anunció recientemente que extendía nuevamente el plazo y planteó al Estado peruano que asuma la responsabilidad y las reclamaciones económicas que fueron presentadas ante tribunales de los Estados Unidos por la contaminación generada en La Oroya.

El ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció hoy que los derechos de los trabajadores de La Oroya "están garantizados" por la Junta de Acreedores de Doe Run Perú y precisó que las operaciones de la mina Cobriza permiten el pago de los sueldos de todos los trabajadores.