Colombia cuenta con dos principales elementos a su favor en el tema de la certificación y la firma digital: la normativa y una entidad de certificación autorizada, que es Certicámara.

La normativa la conforman la Ley 527 de 1999, el decreto 1747 de septiembre del 2000 y la resolución 26930 de octubre del mismo año.

La Ley 572 de 1999 es la norma de comercio electrónico que define que son los mensajes de datos, los certificados digitales y las entidades de certificación. Así mismo, reconoce un valor jurídico especial a la firma digital, especifica sus atributos, deberes y obligaciones de los suscriptores.

El decreto 1747 del 2000 define las funciones y requisitos de las entidades de certificación digital y designa como ente de control a la Superintendencia de Industria y Comercio.

La resolución 26930 del 2000 fija los estándares para la autorización y funcionamiento de las entidades de certificación y sus auditores.

“En estos momentos el gobierno le está enseñando al sector privado. El país tiene una buena ley que permite hacer uso de estas soluciones tecnológicas", asegura la directora comercial de Certicámara, Marcela Bello.

Certicámara es la única entidad autorizada en Colombia para emitir certificaciones digitales. Esta compañía fue creada en el 2001 por las cámaras de comercio del país con el fin de brindar seguridad y garantía a las transacciones, comunicaciones y operaciones electrónicas.

La empresa cumple con los estándares tecnológicos exigidos por la American Institute of Certified Public Accountants (Aicpa, por sus siglas en inglés) y la Canadian Institute of Chartered Accountants (CISA, por sus siglas en inglés).

Certicámara puede generar 800 certificados por segundo, dentro de los cuales están el de representante legal, de pertenencia empresa, el de la función pública y de profesional titulado.

El trámite tarda entre 8 y 20 días, lo que depende, en gran medida, del solicitante. El precio público del certificado para el representante legal, con vigencia de un año, es de COP630.000 y el de pertenencia empresa, por el mismo período de tiempo, es de COP530.000.

Actualmente, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia Bancaria obligan a sus vigilados y controlados a firmar sus reportes digitalmente. Adicionalmente, la Superintendencia de Salud, mediante la Circular Externa 11, determinó que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Entidades Promotoras de Salud (EPS), loterías y licoreras deben adquirir certificación digital.

Paralelamente, según Garzón, se está trabajando en un proyecto con el sistema de información financiera del Ministerio de Hacienda, así como otros en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

“Vamos por buen camino y tendremos una posición similar a la que han tenido Chile o España en el tema de la firma digital”, expresa Bello.

En conclusión, Colombia cuenta con el marco jurídico que permite la utilización del certificado y la firma digital, pero se requiere un mayor vinculación con el sector privado. También, hay que aprender de la experiencia chilena y brasileña en facturación electrónica y reglamentar su uso en el país.