Dentro de este contexto el gobierno venezolano había tomado medidas preventivas para tratar de detener este acto, disponiendo a través de la Ley Orgánica de Precios Justos el trato que se dará a las personas que se dediquen al contrabando de extracción:

“Contrabando de Extracción: Incurre en delito de contrabando de extracción, y será castigado con pena de prisión de catorce (14) a dieciocho (18) años, quien mediante actos u omisiones, desvíe los bienes, productos o mercancías de cualquier tipo del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien extraiga o intente extraer del territorio nacional bienes destinados al abastecimiento nacional de cualquier tipo, sin cumplir con la normativa y documentación en materia de exportación.

De igual forma, será sancionado con multa equivalente al doble del valor de los bienes o mercancías objetos del delito, no siendo en ningún caso menor a quinientas (500) Unidades Tributarias.

Este delito será sancionado en su límite máximo y la multa llevada al doble, cuando los bienes extraídos o que haya intentado extraer sean priorizadas para el consumo de la población, provengan del sistema de abastecimiento del Estado o sean para distribución exclusiva en el territorio nacional

El delito de Contrabando de Extracción se comprueba, cuando el poseedor de los bienes señalados no pueda presentar, a la autoridad competente, la documentación comprobatoria del cumplimiento de todas las disposiciones legales referidas a la movilización y control de dichos bienes.

En todo caso, una vez comprobado el delito, se procederá a la suspensión inmediata de los permisos y guías para el transporte y comercialización de mercancías, así como al comiso de la mercancía.

Cuando los bienes objeto de Contrabando de Extracción hubieren sido adquiridos mediante el uso de divisas otorgadas a través de los regímenes cambiarios establecidos en el ordenamiento jurídico, provengan del sistema de abastecimiento del Estado, o su extracción afecte directamente al patrimonio público, los mismos serán objeto de confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

Por otro lado, destaca un ataque contra militares venezolanos durante un operativo para desarticular a una banda de “bachaqueros” en la frontera Colombo-Venezolana, específicamente entre Ureña y San Antonio del Táchira, dejando en estado de gravedad a los oficiales y trajo como consecuencia un cierre fronterizo por 72 horas extendido “hasta nuevo aviso” por órdenes del Jefe de Estado, Nicolás Maduro, y un estado de excepción por más de 60 días en municipios fronterizos del estado Táchira.

Se entiende por bachaqueo u acto de bachaquear, como una acción ilegal que busca aprovecharse de recursos o subsidios del Estado para beneficio personal. Actividad de un grupo de sujetos que se benefician ilícitamente de la necesidad de otros, adquiriendo grandes cantidades de productos a precios subsidiados y luego comercializándolos a precios súper elevados a aquellos que más los necesitan.

Ya se ha hecho costumbre el imputar la acción de “bachaquear” sólo a quienes se aprovechan de los productos regulados o del subsidio a los combustibles, con el fin de obtener una ganancia exorbitante o sencillamente sobrevivir en medio de la crisis.

Esta acción ilícita esta prevista en la Ley Orgánica de Precios Justos, a través del artículo 62:

Reventa Productos de Primera Necesidad: Quien compre productos declarados de primera necesidad, con fines de lucro, para revenderlos por precios superiores a los establecidos por el Estado, por regulación directa o por lineamientos para establecimiento de precios justos, será sancionado con prisión de uno (01) a tres (03) años, multa de doscientas (200) a diez mil (10.000) Unidades Tributarias y comiso de las mercancías. Quien reincida en la ocurrencia de dicho delito, la pena le será aplicada al máximo y la multa aumentada al doble de su límite máximo.”

Particularmente, el cierre fronterizo de apenas 100 km ha desencadenado una serie de opiniones sobre la efectividad de este tipo de medidas para contrarrestar principalmente el contrabando de extracción de alimentos y combustible de Venezuela a Colombia, acciones que han mostrado un fuerte incremento desde hace dos años atrás en la zona y que son señaladas como responsables de un acentuado problema de escasez en el territorio venezolano.

Para el presidente de Venezuela, la principal causa del problema es el paramilitarismo que surgió en Colombia durante la década de los 70.

"Fenómenos como el crimen organizado, el contrabando de extracción y la fuga de productos de primera necesidad son problemas trasladados al país a través de la práctica paramilitar instaurada en Colombia desde hace varias décadas y que ha causado graves daños en la frontera colombo – venezolana", anotó Maduro.

El 21 de Agosto del 2015, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó la decisión de decretar un estado de excepción durante 60 días en Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia los cuales son municipios del estado Táchira, fronterizos con Colombia. Según el Decreto N° 1.950, el Estado puede disponer de las medidas oportunas para atender eficazmente el contrabando de extracción, así como la violencia delictiva, para garantizar a la población el pleno goce de sus derechos.

Cierres temporales ya se aplicaron en el pasado. En la Gaceta número Extraordinario 6.139, de fecha viernes 08 de agosto del 2014, fue ordenada la restricción para el desplazamiento fronterizo de personas por vía terrestre, aérea, acuática y de vehículos durante el horario comprendido desde las 10:00 pm hasta las 05:00 am.

La medida se aplicó con la finalidad de resguardar la inviolabilidad de las fronteras, combatir el contrabando y prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad de la República. Hoy día se aprecia cómo esta decisión no eliminó las prácticas ilegales en la zona.

Las autoridades civiles y militares desplegaron un contingente humano de hombres y mujeres vestidos de verde, así como de otros sistemas de seguridad del estado como POLITÁCHIRA, CICPC, PNB, y SEBIN, tanto para el resguardo de la ciudadanía como para el desarrollo de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), la cual contó con una revisión casa por casa que se encontraban en el sector conocido como La Invasión, donde fueron revisados 2.400 hogares de los cuales serán demolidos unos 600, en este sector la mayoría de personas eran de nacionalidad Colombiana y fueron puestas a las órdenes del Consulado de su país.

Hasta el lunes 24 de agosto, este fue el reporte presentado por el gobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora junto a las autoridades militares destacadas en la zona:

Se pudo cuantificar en 1.118 los ciudadanos que fueron presentados ante el Consulado General de Colombia; otros 1.535 ciudadanos de nacionalidad colombiana decidieron retornar a su país y fueron trasladados en unidades de TransTáchira hasta el Puente Internacional; 18 personas han sido detenidas, de las cuales, 10 son presuntos paramilitares de Los Urabeños solicitados por diferentes delitos como extorsión, contrabando, trata de personas, narcotráfico y sicariato.

Un total de 49 locales de la frontera fueron visitados por el SENIAT, GNB, PNB y SUNAGRO. 15 de ellos se encontraban cerrados, por lo que se ordenó su apertura, así como la venta fiscalizada y controlada de productos básicos. Durante el procedimiento, ocho locales no tenían domicilio fiscal. Se realizaron 10 bloqueos a códigos, 2 cambios de ente y se eliminaron 14 códigos Sunagro. 50 toneladas de productos fueron decomisadas en un local de San Antonio del Táchira.

De 2.400 viviendas que han sido revisadas en sector La Invasión, 600 serán demolidas.

Se desplegó en la zona norte (municipios Ayacucho y García de Hevia) un contingente de 200 efectivos militares, policiales y de otras instituciones, más 40 vehículos, para reforzar el dispositivo OLP especial en el que se incautaron 90 toneladas de azúcar en un local. Fueron detenidas dos personas.

El mandatario nacional también ordenó en San Cristóbal el despliegue especial de una Operación Liberación del Pueblo (OLP) contra las “acciones paramilitares” del pasado 19 de agosto, fecha del ataque a los militares. Un día después, la Ministra del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, Almirante Carmen Meléndez, informó que fue activado el monitoreo permanente de la frontera.

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, informó sobre la propuesta que presentó al ministro para el Interior, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González López, para la colocación de cámaras permanentes en las zonas de salidas de la entidad hacia Colombia.

La propuesta incluye la colocación de cámaras en los puentes Río Limón, Carrasquero y Pamplona, en la salida por los Camellones hacia puente Venezuela, Caño del Medio, Caño Motilones y otros espacios usados como rutas para el bachaqueo desde el Zulia hacia Colombia.

Hasta el momento se conoce que más de 3.500 efectivos militares fueron desplegados, pero cualquier operativo de seguridad debe tomar en cuenta la custodia de la mayor parte del territorio fronterizo. La presencia multiplicada de representantes del Estado incrementaría los obstáculos a comerciantes ilegales, garantizaría la efectividad de los operativos y eliminaría “caminos verdes”, o rutas clandestinas, donde el contrabando de extracción, el narcotráfico y otros actos ilícitos permanecen latentes y lejos de las fuerzas de control.

Información recopilada del Comando Estratégico Operacional de la FANB; se realizará un Censo económico de empresas fronterizas:

“Durante la visita que hiciera el vicepresidente de la República Jorge Arreaza junto al Ministro de Planificación y Desarrollo Ricardo Menéndez, se dio a conocer que se levantará un censo integral ordenado por el mandatario nacional Nicolás Maduro, el cual permitirá saber la realidad de las empresas y las condiciones de los trabajadores, en el marco de una visión integradora para atender y potenciar el desarrollo socio-productivo en la frontera venezolana. Este neo modelo tiene una visión positiva hacia el cambio de lo que ha sido una frontera violenta, a una frontera social y humana, gracias al esfuerzo fusionado entre el gobierno nacional, los empresarios, el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Por su parte, Menéndez informó que un equipo multidisciplinario de 56 personas se encargará de efectuar el respectivo censo, con motivo de levantar los datos georeferenciales, “es la primera vez que se realizará en Venezuela un censo de este tipo y un registro simultáneo en los sectores agrícola, económico y de hogares y viviendas”.

Recordó además que ya hay un adelanto sobre empresas e industrias en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña con miras a la consolidación de la Zona Económica Especial.”

Relaciones Comerciales Vigentes

Antecedentes:


El 22 de abril del 2006, Venezuela comunicó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena, dejando sin efecto sus derechos y obligaciones como miembro de la Comunidad Andina, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, que se mantendrían vigentes por un periodo de cinco años.

El 27 de abril del 2011, la Decisión 746 de la Comunidad Andina estableció que la vigencia de dichas preferencias arancelarias sería prorrogada hasta la entrada en vigor de un acuerdo bilateral suscrito entre cada uno de los países miembros y Venezuela.

En este contexto, Colombia y Venezuela suscribieron un acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial el 28 de noviembre del 2011. El acuerdo establece un marco jurídico que regulará el intercambio comercial entre ambas naciones. El objeto del acuerdo es el de establecer preferencias arancelarias aplicables a las importaciones de productos originarios de ambos países.

La Asamblea Nacional promulgó la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, quedando establecido el tratamiento arancelario preferencial para las importaciones de productos originarios del vecino país así como los productos que ingresarán a Venezuela liberados del pago de impuestos de importación, siempre que cumplan con las respectivas normas de origen (Gaceta Oficial N° 6.082 Extraordinario del 20-08-2012).

Operaciones comerciales:

Información recopilada de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana (Cavecol):

“Los empresarios con operaciones en Colombia y Venezuela empiezan a buscar opciones para que siga fluyendo el comercio entre ambas naciones, a pesar de que continúa cerrada la frontera en Ureña y San Antonio del Táchira.

Víctor Montiel, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana (Cavecol), informó que en las empresas están considerando utilizar otras aduanas, para redirigir las mercancías que originalmente entrarían o saldrían del país por el estado Táchira.

De este modo, el vocero cree que “es posible mantener un comercio sano y productivo”, así como evitar que se acentúe mucho más la caída de 38% que registró el intercambio binacional entre enero y julio con respecto al 2014.

“Hay algo que hacer notar y es que el cierre solo afecta una parte de la frontera, por lo que un producto competitivo que antes llegaba por Cúcuta ahora puede venir por la aduana de Paraguachón, en Maracaibo, por Puerto Cabello en barco o por vía aérea”, dijo Montiel.

Ya el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, había confirmado que parte de la mercancía retenida en la aduana tachirense se estaba trasladando a la de La Guajira, en Zulia.

Alimentos procesados, medicinas y productos semiindustriales como piezas y partes son los principales rubros que se importan desde Colombia a través de Táchira para abastecer la zona central del país, según Montiel, quien también es economista.”

“El representante gremial aclaró que aunque Cavecol detectó que el comercio puede desviarse de frontera o ciudad, lo más recomendable sigue siendo abrir el paso por el puente internacional Simón Bolívar. Solo así se pueden evitar aumentos en los costos de logística y flete involucrados.”

El comercio entre Venezuela y Colombia durante el 2014 acumuló USD2.153 millones, para una baja del 19% frente a los USD2.673 millones correspondientes al 2013.

El año pasado, las importaciones de productos colombianos a nuestro país cayeron 23% hasta USD1.737 millones. Abonos minerales o químicos; acumuladores eléctricos de plomo; medicamentos para uso humano; productos laminados planos de hierro o de acero sin alear; jabones, productos y preparaciones orgánicas tensoactivas de tocador; Polipropileno; Nonilfenol y sus isómeros, sales de estos productos; y medicamentos que contengan otros antibióticos fueron los principales rubros traídos del vecino país en el 2014, según Cavecol.

Entre enero y julio de este año, el comercio ha movilizado USD769 millones, con una caída del 38% en comparación al 2014 cuando fue de USD1.235 millones.

Análisis comercial entre Venezuela y Colombia:

“La relación comercial de Venezuela con Colombia ha sufrido alzas y bajas, que tienen mucho que ver con el estado de las relaciones políticas bilaterales, pero la tendencia de mediano o de largo plazo muestra un claro deterioro de las ventas venezolanas.

En los últimos 12 años las exportaciones han pasado de USD788 millones en el 2002, a USD437 millones en el 2014. Su mejor momento fue en el 2006, cuando Venezuela exportó hacia Colombia por un monto de USD1.496 millones. Uno puede entender que la caída de los ingresos petroleros lleve a Venezuela a reducir sus compras desde Colombia y desde muchos otros países del mundo, pero precisamente por lo mismo, se debería tratar de mantener o de incrementar tanto como se puedan las exportaciones, sobre todo hacia los países vecinos. Pero la cruda realidad es que las exportaciones han bajado. Se ha perdido gran parte del mercado colombiano para las mercancías venezolanas.

Colombia no podía quedarse a esperan a que Venezuela decidiese reanudar el esfuerzo comercial bilateral. Hizo lo que haría cualquier país medianamente sensato en el mundo actual: buscó otros países vendedores que pudieran proporcionarle las mercancías que necesitaba. Y Venezuela fue por lo tanto quedando rezagada como socio proveedor, mientras otros en la región hacían gozosamente lo que el país se negaba a hacer. Así entonces Brasil, que está mucho más lejos geográficamente de Colombia que Venezuela, pasó de exportar USD643 millones en el 2002, a vender en dicha nación USD2.461 millones en el 2014. La pequeña Bolivia, que en el 2002 le vendía a Colombia USD139 millones, en el año recién pasado le vendió USD551 millones, más que Venezuela. México, pasó de USD678 millones en el 2002, a USD5.265 millones en el 2014. Ecuador (país del Alba, solidario hasta donde se pueda con Venezuela) pasó de venderle a Colombia USD367 millones en el 2002, a USD918 millones en el 2014. Es difícil encontrar en la región algún país que haya desaprovechado la oportunidad de venderle a Colombia tanto como hayan podido, en etapas, por lo demás, de crecimiento económico de dicho país. Excepto Venezuela.

En el 2002, Venezuela era el segundo país proveedor de Colombia (después de Estados Unidos) superando a cualquier país europeo y a cualquier otro país latinoamericano, 6,2% de las compras colombianas provenían de Venezuela. En el 2010, exportando Venezuela a Colombia solo un monto de USD304 millones, quedó relegada al lugar 24 en el ranking de los proveedores internacionales de Colombia, y esa ventas significaron escasamente el 0,75% de las compras internacionales de dicho país.

En el año recién pasado (con ventas venezolanas a Colombia de USD437 millones) Venezuela fue el proveedor número 23 de dicho país, y le vendió el 0,69% de sus importaciones, por debajo de países como Bolivia, México, Trinidad Tobago o Vietnam.

Es difícil encontrar en el mundo actual otro caso tan profundo de pérdida de un mercado externo por parte de un país que necesitaba desesperadamente aumentar sus exportaciones. Más aun, se trataba precisamente de las exportaciones más deseadas en Venezuela, como son las exportaciones no petroleras.”