El gasto público del gobierno venezolano creció un 13% neto durante los primeros cinco meses de este año con relación al mismo periodo de 2013, según cifras oficiales que causan alarma entre los economistas independientes por el efecto de esa alza en materia de inflación.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela es que nos estamos adentrando a un proceso de hiperinflación que hará añicos el poder adquisitivo de los trabajadores y de la población en general”, dijo a Legiscomex.com la economista Leonor Filardo.

La doctora en Economía por la Universidad de Virginia, en Estados Unidos (EE UU), dijo que el “desmedido incremento del gasto público lo único que hará es acentuar la crisis económica, la escasez de productos básicos y la recesión, la cual, ante la falta de cifras oficiales, estamos calculando en entre 3,0% y 5,0% este año”.

Para la especialista, la inflación constituye el mayor deterioro del salario real cuando el alza de alimentos llegó al 91% en un año, mientras que el salario mínimo se incrementó en 73% en ese lapso. “Por más que aumente el salario este nunca llega a recuperar su poder adquisitivo y eso impacta sobre todo a los sectores más pobres”, aseguró.

De acuerdo con Filardo, el consenso entre los economistas independientes es que este año la inflación en Venezuela superará el 70%, con lo cual “estamos ante un proceso hiperinflacionario y basta con ir al mercado para percibir la angustia de la gente porque no dispone ni para comprar lo básico porque los aumentos de precios se comen el salario. Esta situación va a empeorar con el aumento indiscriminado del gasto público”.

En los primeros cinco meses del año, el gasto público en Venezuela totalizó VEF317.000 millones, equivalentes a USD50.380 millones al tipo de cambio preferente, de VEF6,30 por dólar. En el mismo periodo de 2013, el gasto había sumado VEF177.000 millones, unos USD 28.130 millones. Al descontar la inflación del año pasado, que llegó al 56,2%, el aumento neto del gasto público es de 13%.

El aumento del gasto público venezolano ha sido financiado con emisión monetaria, la cual es el principal factor inflacionario, lo que aunado a los cuatro tipos de cambio que operan en el país (de entre VEF6,30 y VEF50,00 por dólar) causa una “distorsión económica total”, indicó el economista Miguel Angel Santos.

“La emisión monetaria ha crecido 95% en el último año y Pdvsa (la gigante estatal Petróleos de Venezuela y la principal fuente de divisas) apenas está aportando unos USD2.000 millones al mes, un 40% menos de las expectativas, porque debe hacer frente a sus propios compromisos financieros”, dijo el profesor del Centro de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA).

A lo largo de los últimos 14 años, desde la llegada del fallecido presidente Hugo Chávez al poder, en 1999, el gobierno ha impuesto controles de cambios y de precios, los cuales le han permitido financiar el gasto público con pérdidas forzadas que le imponen a los tenedores de bolívares.

Los controles de cambio crean un mercado cautivo que gana tasas de interés muy por debajo de los niveles de inflación. En la actualidad, por ejemplo, los bonos del gobierno rinden en promedio al 15%, mientras que la inflación anualizada asciende al 59%. Esto es algo que Santos llama “represión financiera”.

De acuerdo con el economista, en el 2013 la impresión de dinero generó el 10,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y la “represión financiera” entre el 4,5% y 5,8%. “Aquí lo que está en juego es la viabilidad de esta economía y nuestra capacidad de pago de los compromisos externos”, aseguró.

Sostuvo que en la medida en que el gobierno mantenga los desequilibrios y eluda realizar los ajustes que requiere la economía, racionalizar el gasto público, aumento de precios de los servicios públicos y de la gasolina, sincerar las tasas de interés y desmontar progresivamente el control de cambios, la situación “seguirá en franco deterioro y tarde o temprano habrá que afrontar las consecuencias”.

Para Filardo, al alza de precios, a la inflación y a la recesión hay que agregar, como “parte central del problema económico, el cerco que ha tendido el gobierno sobre el sector productivo”.

“Si el gobierno quiere recuperar la capacidad de producción y acrecentar la oferta es necesario estimular al sector privado y levantar los controles de precios y cambiarios que lo están ahogando porque si este proceso de desequilibrio entre oferta y demanda continúa vamos camino a una inflación de tres dígitos", señaló.

La economista sostuvo que uno de obstáculos que mantiene en la parálisis a varias empresas es el alto endeudamiento que mantiene el Gobierno con el sector privado, el cual asciende, según estimaciones de la consultoría Ecoanalítica, a USD25.800 millones, de los cuales una tercera parte corresponde a liquidaciones de dólares que están pendientes por parte de la
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

El presidente del organismo cúpula empresarial Fedecámaras, Jorge Roig, dijo que si bien el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dado muestras de su disposición al diálogo en los últimos meses aún no ha ocurrido nada que mejore la situación económica porque "las decisiones importantes no se están tomando y la situación económica sigue cada vez peor".

Roig sostuvo que el reconocimiento de una parte de la deuda con el sector privado que hizo el Gobierno en el marco del diálogo con empresarios calma un poco la presión pero falta ver que los compromisos de pago se concreten pues en el pasado ya se había dado ese paso pero las liquidaciones nunca llegaron.

"El Gobierno lo que debe hacer es hablar claro, reconocer la deuda total y decir cómo la puede ir pagando, de manera que haya transparencia", aseveró Roig.

El dirigente empresarial sostuvo que la paralización de empresas o líneas de producción está ligada a la falta de pago de esa deuda ya que los proveedores en el exterior se niegan a despachar mercancía a crédito.

Para diversos dirigentes empresariales, el mensaje del Gobierno es ambiguo pues en enero pasado el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, encendió las alarmas en el sector empresarial al condicionar el pago a que los empresarios aceptaran un descuento, aunque luego rectificó.

La situación financiera del Gobierno venezolano está además comprometida en el frente de la deuda externa e interna ya que en el transcurso de este año deberá amortizar y pagar intereses por un monto de USD15.600 millones, equivalentes al 20% de las exportaciones petroleras.

De ese monto, USD5.200 millones son los pagos a futuro de la deuda externa, lo que compromete las reservas internacionales del país. Estas ascendieron el pasado 10 de junio a USD22.800 millones, unos USD2.000 millones más que un mes antes, lo que se atribuye a la acumulación que hace el Banco Central de Venezuela (BCV) para afrontar los pagos al exterior.

Cifras oficiales indicaron que los compromisos del Gobierno central de liquidación de deuda interna ascienden a USD10.400 millones por lo que resta del año.

Economistas privados estiman en unos USD150.000 millones la deuda total de Venezuela (interna y externa), equivalente al 132% del PIB a la llamada tasa Sicad (10,00 bolívares por dólar) y al 72% al tipo de cambio preferencial (6,30 bolívares por dólar).

El año anterior el sector público registró un déficit del 15% del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje astronómico para cualquier país que se suma al del 2012 (entre 15% y 20%). Estos desequilibrios han sido financiados con deuda interna y externa.

Santos señaló que “el porcentaje de endeudamiento del sector público venezolano con relación al PIB es extremadamente alto”.

En promedio, la deuda externa latinoamericana equivale al 33% del PIB regional.

“El problema está en que el déficit fiscal del sector público consolidado cerró el año pasado en el 15% del PIB, lo que mantendría al gobierno en la incómoda elección entre imprimir dinero para cubrirlo, lo que significa entre 70% y 80% más de liquidez, aumentar la gasolina y recortar el gasto público”, explicó Santos.

Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo (su valor es menor a un centavo de dólar el litro), lo que le cuesta al Estado unos USD12.600 millones de dólares en subsidios cada año, mientras que el gasto público programado para este año es de USD87.719 millones, el más alto de América Latina en relación al PIB.