"No importa cuánto se oye gritar, el miedo le impide a uno hacer algo... La gente sabe en dónde están las casas de pique pero no hacen nada al respecto porque el miedo es absoluto. Lo que quiero es que alguien me diga: ‘Aquí están los restos de su hijo’. ¡Esto es algo muy difícil que yo no le desearía a ninguna madre!". Como éstas, muchas otras declaraciones de bonaverenses temerosos y desesperados fueron publicadas por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), el pasado 20 de marzo.

El reporte de 33 páginas titulado “The Crisis in Buenaventura: disappearances, dismemberment and displacement in Colombia’s main Pacific port” (La Crisis en Buenaventura: desapariciones, desmembramiento y el desplazamiento en el principal puerto del Pacífico de Colombia), causó ampolla en el Gobierno Nacional, indignación en la población colombiana y por varias semanas fue tema del día en medios de comunicación y en conversaciones matutinas.

El texto documenta las denuncias de líderes comunitarios y residentes de varios barrios de la ciudad, quienes afirman que las zonas que habitan están bajo el mando de las bandas criminales: “Los Urabeños” o “La empresa”. Dos grupos enemigos, con fundamentos paramilitares, que tienen el control del contrabando, la droga, las armas, y son responsables de numerosos vejámenes como secuestro, violación, asesinato y hasta desmembramiento de personas vivas. A su vez, este documento reafirmó la existencia de las “casas de pique”, viviendas abandonadas por población desplazada, que son aprovechadas por estas organizaciones para sacrificar y cometer cualquier tipo de abusos contra sus víctimas.

El Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura es la ciudad más grande de toda la región Pacífica del país. Tiene una población total de 377.105 habitantes, en donde el 88% son afrocolombianos, existe una tasa de desempleo del 49%, el 66% de su gente vive en condiciones de pobreza y cerca del 35% tienen sus necesidades básicas insatisfechas, es decir, no cuentan con agua potable, alcantarillado, energía o gas.

Lo anterior contrasta con el puerto de Buenaventura. Una colosal infraestructura que se enorgullece de su central ubicación mundial y de estar cerca de las principales rutas marítimas que atraviesan el planeta. Según la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprbun), esta terminal movilizó, en el 2013, más de 9,7 millones de toneladas y, por datos de Legiscomex.com, el comercio exterior del puerto rondó los USD17.670 millones, de los cuales USD14.186 millones fueron importaciones y USD3.479, exportaciones, más del 60% de tráfico marítimo del país.

Buenaventura está compuesta de varias aristas, entre ellas el narcotráfico, la extorsión, la violencia, la falta de servicios públicos, y la ausencia de educación competitiva y de oportunidades laborales, que al final convergen en un mismo punto: la pobreza.

Después de la publicación del estudio de HRW y de las denuncias y marchas pacíficas lideradas por la misma comunidad y por el Monseñor Héctor Epalza, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que enviaría a 2.400 miembros de la Policía, la Armada y el Ejército para velar por la seguridad de la ciudad vallecaucana. Y lo cumplió. Según cifras oficiales, la semana pasada se completaron 19 días sin asesinatos en el puerto.

"La gente se siente ya con un poquito más de confianza, con un poquito menos de miedo gracias a la labor de nuestros héroes, soldados de tierra, mar y aire, y nuestros policías", afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante el Consejo de Ministros del pasado 4 de abril, en Buenaventura.

No obstante, para los ciudadanos y para Eduardo Muñoz, un comerciante de la zona, esta medida no es ni la más adecuada, ni es suficiente. “La intervención del Ejército es un paño de agua tibia, eso no sirve para nada porque llegará el momento en el que lo quiten, en el que ellos se vayan y nuevamente se siga todo con lo mismo”, afirmó Muñoz en entrevista para este portal.

Por su parte, el alto consejero para las regiones y coordinador de la intervención social en el puerto, David Luna, le reconoció a Legiscomex.com que la intervención militar y policial de la ciudad ocurrió tarde, pero que hubo factores igualmente graves, como la indiferencia y la falta de denuncia, que contribuyeron al problema. “El país le ha dado la espalda a Buenaventura durante muchos años y, cuando hablo de ‘país’ comienzo por supuesto por el Gobierno, pero también menciono a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a la empresa privada que lamentablemente durante mucho tiempo no reaccionaron al respecto… Mucho tiempo pasó y no se presentaron denuncias y por eso el Gobierno reacciona cómo reacciona en el momento en el que reacciona. Que si se reaccionó tarde militar y policialmente, pues puede ser una lectura válida y que no pretendemos en ningún momento ocultar o tratar de excusar, pero también hay una respuesta tardía de una serie de acciones”, aseguró el político.

Otra intervención que causó interrogantes fue la de la Secretaria de Gobierno de Buenaventura que ordenó la demolición de 11 viviendas abandonadas, ubicadas en dos barrios de la zona de bajamar, usadas probablemente como casas para el desmembramiento de personas y refugio para delincuentes. Esta medida se tomó a pesar de que el Coronel del distrito, José Miguel Correa, semanas atrás desmintiera la existencia de estas infraestructuras. “Como institución no hemos identificado ni detectado casas que se hayan dedicado al desmembramiento de personas, pero hemos encontrado cinco cadáveres con esa modalidad”, afirmó el Coronel en una entrevista radial.

Según la Fiscalía, si estas viviendas eran consideradas ‘casas de pique’ se debió avisar primero al ente acusador para realizar las respectivas pruebas forenses, recolectar información y no, como fue el caso, destruir la evidencia.

Tanta violencia ha elevado las cifras de desplazamiento y desaparición en Buenaventura. Entre el 2010 y el 2013 hubo al menos 150 desaparecidos, más del doble de cualquier otra ciudad nacional. Y, durante los últimos tres años, este ha sido el municipio con más desplazados en Colombia, el año pasado casi 19.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. La mayoría son pescadores, trabajadores del puerto, habitantes de una comuna de invasión ubicada al lado del mar, en donde abundan las casas de altos pilotes y madera. Personas que por seguridad prefieren abandonar sus viviendas, acabar con la cultura que rodea la vida al lado del océano y trasladarse a un nuevo barrio: Ciudadela San Antonio, más conocida como Villa Chupeta. Un proyecto habitacional ubicado a varios kilómetros lejos del mar y del puerto, el cual fue financiado con los dineros incautados al narcotraficante Juan Carlos Ramirez Abadía, alias “Chupeta”.

La violencia en los barrios también se siente en el comercio y afecta a los empresarios de la ciudad portuaria. Los comerciantes son víctimas de amenazas, extorsión, boleteo y pago de vacunas a las bandas criminales. Incluso, sus ingresos se ven afectados porque deben cerrar sus negocios más temprano debido a que sus colaboradores deben regresar a tiempo a sus barrios para poder caminar, atravesar los límites entre calle y calle que han fijado los grupos al margen de la ley, e ingresar sin ningún inconveniente a sus hogares.

“El comercio, los empresarios y el proceso de atracción de inversión se ven impactados negativamente con la situación que vive Buenaventura porque no es el clima propicio para los negocios. En ese sentido, lo que estamos viendo es que en el ambiente de las extorsiones, del boleteo, los comerciantes han tenido que verse abocados a cerrar sus negocios a horas más tempranas, lo que impacta negativamente en la generación de sus ingresos y ventas” así lo dijo Alexander Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, CCB, a Legiscomex.com.

A su vez, el Vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez, le afirmó a este portal que si se afecta el comercio y las empresas, se perjudica toda la economía de la ciudad, pues se minimizan aún más las oportunidades de trabajo y por ende incrementa la violencia. “Eso da lugar a que no hayan fuentes de trabajo, que las personas y los jóvenes no tengan otra alternativa sino ser parte del conflicto, siendo instrumentalizados y llevados a que hagan parte de estos grupos al margen de la ley”. Además, aseveró que “se habla que los últimos seis alcaldes han tenido líos y los dos últimos no terminaron el mandato. Todo eso ha mostrado que además de la violencia, de la falta de oportunidades y de la ausencia de acceso a los servicios hay un problema grave de corrupción, de mal manejo”.

Así mismo, lo reafirmó Muñoz, comerciante de la zona, “todos estos sinvergüenzas, todos estos mandatarios de turno que han pasado, llegan es a usurpar el erario público y no hacen ninguna inversión. Por eso, este es el municipio más atrasado del Valle del Cauca (…) Si hubiese una oportunidad de empleo o empresas y compañías donde la gente pudiera laborar, esa mentalidad de la violencia de pronto cambiaria”.

Y esa propuesta de atraer inversión no se aleja de lo que plantean los grandes empresarios portuarios y navieros. Para Liborio Cuellar, gerente general de la naviera Hamburg Süd, la situación de la ciudad cambiaría con mayor presencia del Gobierno y creación de industria. “Buenaventura necesita dos cosas: un apoyo gubernamental decidido, porque hay partes donde el Gobierno nunca ha llegado y por lo tanto hay mucha pobreza y violencia, se necesita muchísima inversión a nivel social. Y segundo, como empresarios debemos crear industrias, porque finalmente en Buenaventura no hay industria, lo que hay es un puerto y hay servicios pero no hay industria”.

En contraste a la crisis social que vive la ciudad, el Puerto de Buenaventura “está trabajando perfectamente”, así lo confirma Domingo Chinea, gerente General de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Sprbun. A su vez, el gerente de Hamburg Süd testifica que, “el tema de Buenaventura no ha impactado el comercio y el movimiento de carga de ninguna manera”.

Y tal vez esa sea una de las razones por las cuales la situación de violencia, pobreza y bandas criminales no haya sido encarada con celeridad.“Mientras la maquinita de hacer dinero (el puerto) siga facturando, el Estado no atenderá las problemáticas de Buenaventura”, así lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura en una entrevista semanas atrás.

Según el periódico El Tiempo en su artículo “Viaje al fondo de Buenaventura”, la senadora electa por el partido Alianza Verde, Claudia López, presentó una evaluación para las Naciones Unidas sobre el tema del distrito, en la que concluyó que “el problema es que todo lo que se hace allí es en función del puerto, no de la gente”.

Afirmación de la que muy seguramente tiene conocimiento Chinea, pues le dijo a Legiscomex.com que aunque el puerto crece y funciona perfectamente, no se pueden alejar de la situación de la ciudad. “Creo que esa es una preocupación no solo de nosotros los empresarios del sector portuario, sino de los empresarios del sector logístico, del sector turístico, del comercio, es decir, todos los que hoy de alguna u otra forma estamos vinculados a Buenaventura nos sentimos preocupados porque nosotros no podemos vivir a espaldas de la ciudad. Esta es una urbe fuerte, que tiene comercio, bancos, sector logístico y sector industrial, incipiente pero lo hay. El negocio del puerto es parte de la ciudad y cualquier cosa que pase o se desarrolle en ella hay que verlo como nuestro”.

No obstante, a pesar de los buenos deseos de los empresarios portuarios, es claro que esta terminal marítima es el principal puerto de Colombia y la mayor aportante de tributos para la nación. Sin embargo, Buenaventura como ciudad no tiene una retribución proporcional en sus cuentas presupuestales.

Respecto a lo anterior, el gerente del Sprbun hizo referencia a los tributos que le pagan a la Nación en comparación con otros puertos y ciudades de Colombia. “Nosotros somos la principal zona aduanera del país, somos los que más aportamos al presupuesto del Estado. Buenaventura es una mina de oro, pero no todo llega a Buenaventura”. Entonces, cuando se le pregunta por el destino de esos impuestos, él responde “yo no sé, esa parte no está a mi alcance. Yo creo que se debe revisar cuánto aporta el puerto a la economía del país y cuánto recibe Buenaventura de esos grandes aportes multimillonarios que damos”.

Para el Obispo de Buenaventura, el Monseñor Héctor Epalza, el problema de la ciudad va más allá del contrabando y de la localización de Buenaventura como corredor estratégico para la salida de la droga. Él afirma que “hay otros intereses”.

En un artículo publicado por la BBC, al sacerdote no se le escapa que Buenaventura es una ciudad de proyecciones, pues el país busca nuevos mercados en Asia y consolidar la llamada Alianza del Pacífico, por lo que denuncia que "los megaproyectos también han azuzado la violencia". Afirma que “la violencia ha terminado de arrinconar a los más pobres obligándolos a vender lo poquito que tienen a un precio irrisorio".

El vicedefensor del Pueblo tiene conocimiento de estos reclamos por lo que asevera que “ese es uno de los temas que tendrá que ser analizado con mayor profundidad por todas las autoridades. Ahí necesitamos que haya presencia de unas unidades especiales de la Fiscalía, que la Procuraduría revise la actuación de los servidores públicos y que el Gobierno se preocupe por ese cumulo de causas”.

Pero a estas denuncias se le agrega otro componente. Una gran conflagración ocurrida el pasado 1° de abril que consumió 35 viviendas del barrio Santa Fe de bajamar y dejó a 196 familias a la intemperie. Después de lo sucedido, algunos pobladores le atribuían el incendio a un corto circuito, mientras que otros afirmaban que “las bandas las quemaron para que nos vayamos del todo”.

Al respeto, el periódico El Espectador publicó el artículo “Destierro en Bajamar” en el que lanza una fuerte aseveración. “Santa Fe es uno de los barrios de bajamar que han sido codiciados por la administración distrital para adelantar la ampliación portuaria de la Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), ubicada al noroeste de la ciudad. La terminal, que según sus representantes, factura cerca de COP122.000 millones al año y ha buscado la expansión en los últimos cinco años” afirma la publicación.

De acuerdo a las problemáticas denunciadas por los empresarios, comerciantes, líderes comunitarios y religiosos, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y población en general, el Gobierno del presidente Santos planteó, el viernes 4 de abril, durante un consejo de Ministros desarrollado en Buenaventura, un plan de choque por COP175.000 millones, con el que buscará abarcar y dar solución a varios focos problema durante el 2014.

Los puntos principales que abordará el Plan de Intervención Social, son: la cimentación del acueducto; la ampliación de la cobertura del régimen subsidiado; la construcción de un megacolegio; más cupos para adquirir créditos del Icetex; la recuperación de la plaza de mercado y una nueva sede del Sena. Lo anterior, tendrá como objetivo menguar la crisis social y económica que atraviesa el distrito.

De igual modo, la organización Human Rights Watch le recomendó al Gobierno colombiano unas medidas a tener en cuenta para garantizar la efectividad de la intervención en Buenaventura. Éstas son: